EL EMERGENTE. Magallanes, Aragua y su caso ante la OFAC

Magallanes y Aragua esperan de nuevo una respuesta positiva.
Hace cuatro meses les fue mal. La OFAC, la oficina del departamento del Tesoro estadounidense
que controla activos en el extranjero, dictaminó que la LVBP y seis de sus
equipos cuentan con independencia comprobable respecto a entes y empresas
gubernamentales venezolanas. Navegantes y Tigres fueron la excepción, al menos
en el fallo de diciembre.

Los ocho clubes dieron pasos importantes para conseguir la
revocatoria del veto que en agosto les había impuesto unilateralmente la MLB,
sin que mediara un pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos. Contrataron
abogados, reunieron recaudos, documentos y renunciaron a todo patrocinio procedente
de entidades oficiales, un apoyo económico que era habitual desde los tiempos iniciales
del circuito, en 1946.

Las Grandes Ligas reaccionaron, con el fallo favorable de la
administración de Donald Trump. Levantaron entonces el veto, salvo en los casos
de turcos y bengalíes.

Seis escuadras, en consecuencia, pueden contar hoy con el
concurso de jugadores, técnicos, scouts, ejecutivos y en general cualquier persona
que tenga lazos contractuales con el beisbol mayor. Dos no pueden.

Esas dos introdujeron una solicitud de reconsideración ante
la OFAC, con el respaldo de la LVBP en pleno. Hay quien sostiene en las redes
sociales que se trata de una causa perdida, asumiendo que el pronunciamiento
del departamento del Tesoro tuvo su base sobre el vínculo político —supuesto o
no— de los dos elencos afectados con el sector que maneja el poder desde hace
años en Venezuela.

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Es un error creer eso. Allí está el caso de Caribes,
presidido por un ex alcalde de Puerto La Cruz, Magglio Ordóñez, que nunca
ocultó cuál era su preferencia ideológica. Anzoátegui recibió la venia de la
administración Trump, lo mismo que las otras cinco divisas que han preferido manejar
una imagen más independiente frente a los partidos políticos. ¿Por qué?

Porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros evaluó
los estatutos de esas seis novenas y encontró que las seis eran empresas
privadas. Incluyendo la tribu. Y puesta a revisar sus vínculos económicos con
el oficialismo, encontró, al momento de su investigación, que los
patrocinadores estatales habían sido excluidos para la temporada 2019-2020. Por
ello dio el visto bueno.

Los estatutos de Magallanes y Aragua son diferentes. Se
trata de fundaciones. Pero, aunque ese es el quid para algunos, en realidad el
problema es otro. Los estatutos de ambas fundaciones incluyen la presencia en
esos conjuntos de las respectivas gobernaciones, además de la alcaldía de
Valencia, en el caso de los eléctricos.

Aunque ese importante detalle les hermane, ambos casos, sin
embargo, son distintos.

La plana mayor de los Navegantes está compuesta por más de
20 personalidades de la región. Son empresarios, comerciantes y personas con
hondas raíces en la historia carabobeña. Basta ver el organigrama, en el que
aparecen cuatro miembros del Consejo Directivo, nueve de la Junta
Administradora y 13 consejeros. Algunos nombres se repiten entre uno y otro
sector, pero en los hechos superan la veintena.

A la hora de las decisiones, cada quien suma un voto en los
turcos, incluyendo a la Gobernación y la Alcaldía. Estos entes fueron añadidos en
1969, como parte de la mudanza de Caracas a Valencia, para afianzar el traslado
desde la capital. Pero aunque se trata de organismos oficiales, son minoría
absoluta en la toma de decisiones, como lo es cualquiera de las personalidades
que forman parte de la plana mayor de los bucaneros y que en un momento
determinado decidiera someter un proyecto a consideración de sus pares.

Por eso, porque Gobernación y Alcaldía no tienen la última
palabra, es que los filibusteros mantuvieron su independencia cuando el general
Luis Acosta Carlés planteó en 2007 la intervención del Magallanes. Al final no
la hubo, como tampoco se expropió. El equipo sigue en manos privadas, aunque a
través de esa figura de una fundación, la que posee desde su cambio de hogar hace cinco décadas.

Los estatutos de los Tigres son diferentes. Originalmente,
las decisiones en esa otra fundación se tomaban con tres votos. Uno representaba
a los miembros fundadores, otro en nombre de la Cámara de Comercio y otro más a
cargo del gobierno regional. La vinculación de esos entes data de 1965, cuando
se gestó el nacimiento de los rayados. Y el objetivo era semejante al perseguido
por sus vecinos de la ARC: con la una esperaban asegurar apoyo económico y con el
otro esperaban tener respaldo económico y fáctico, comenzando con la
posibilidad de contar con el estadio donde han jugado siempre.

En el tiempo de Didalco Bolívar eso varió. A comienzos del Siglo 21, el entonces mandatario aragüeño consiguió que la Gobernación
pasara de uno a tres votos. Como consecuencia, esos tres votos le dieron poder
de decisión, por más que los dos restantes se opongan.

Eso es lo que ahora está bajo estudio de la OFAC. Por ello
la confianza de directivos magallaneros, para quienes está claro el carácter privado
de la nave. El caso de los felinos, en cambio, luce más complicado para el
club. Después de todo, tener mayoría decisiva es lo que ha llevado a que, por
ejemplo, hasta el nombramiento del presidente de la novena aparezca publicado en
la Gaceta Oficial Regional.

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Esa complejidad es lo que probablemente llevó a uno de los
directivos tigreros, Esteban Trapiello, a adelantar en febrero a través de su
cuenta en Twitter que la divisa sería vendida, algo que algunas voces de la
oficina nos dicen que no pasará.

Por lo pronto, ambos esperan la respuesta del gobierno
estadounidense. Y Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP, ya adelantó cuál
será la ruta: si desde el norte exigen un cambio de estatutos, se evaluarán esos
cambios. Mientras tanto, aguardan por un final feliz para esta nueva
diligencia. Veremos.